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EFECTOS DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN A LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO

Como ya les hemos informado desde DEFENSA AL ACCIDENTADO, a partir del 1 de julio de 2015 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 1/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Dicha norma modifica sustancialmente nuestro Código Penal afectando directamente a los artículos que se aplicaban para juzgar los accidentes de tráfico. Aunque aún es pronto para conocer el verdadero alcance de la reforma y como la aplicarán los Jueces, sí que nos podemos aventurar a realizar una primera valoración de los efectos directos que tendrá sobre las reclamaciones de las víctimas/perjudicados en accidentes de tráfico.

Hasta la reforma, los accidentes de trafico podían constituir dos infracciones penales distintas, delito o falta, teniendo aparejada el delito una pena más grave y la falta una pena más leve. A consecuencia de la reforma reseñada, desaparece tal distinción ya que se elimina la totalidad de las faltas, por lo que a partir del 1 de Julio de 2015, los accidentes de tráfico serán delitos leves o se quedarán sin sanción penal, todo ello en función de si la imprudencia del conductor responsable es una imprudencia grave (ya sea grave o menos grave) o de lo contrario la conducta es una imprudencia leve.

Es importante destacar que la gravedad de la imprudencia en la jurisdicción penal no viene definida por ninguna norma, además de que no se aplica la calificación de las infracciones que realiza nuestro ordenamiento jurídico en la vía administrativa (Código de Circulación, etcétera.). Es por ello que el Juez/a es quien decide si la imprudencia es grave (ya sea grave o menos grave) o de lo contrario es leve y por lo tanto no puede ser juzgado el accidente penalmente debiéndose reclamar en la jurisdicción civil.

La mencionada reforma no es baladí, ya que en la práctica la gran mayoría de las sentencias penales sobre accidentes de tráfico consideran que la imprudencia del conductor es leve, y por lo tanto muchos accidentes de tráfico no podrán ser juzgados penalmente. Dicho extremo implica por un lado que la víctima no podrá solicitar ninguna sanción/pena para el conductor (más allá de las sanciones administrativas que se le impongan por su infracción) y por otro lado incrementará los costes de la reclamación de la indemnización, ya que será necesario costear un médico-perito para la valoración del daño corporal (en la vía penal dicha valoración la realiza el forense de forma gratuita) y si la indemnización reclamada excede de 2.000 euros deberá también contratar los servicios de un Procurador de los Tribunales (profesional cuyos servicios no eran obligatorios en la denuncia penal de un accidente de tráfico).

La única posibilidad de evitar que la mayoría de los accidentes de tráfico se reclamen civilmente, es que varias de las conductas que hasta ahora los jueces consideraban imprudencias leves y por lo tanto se tramitaban como faltas penales, sean consideradas por nuestra jurisprudencia constitutivas de una imprudencia menos grave, concepto que hasta la reforma no estaba contemplado en nuestro Código Penal diferenciando únicamente entre grave o leve. Es por ello que dependerá de la interpretación que hagan nuestros jueces penales del nuevo concepto de imprudencia menos grave, que la gran mayoría de accidentes de tráfico puedan ser juzgados por la jurisdicción penal o de lo contrario deban conocer de éstos los Juzgados Civiles.

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